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| ANDINA/Oscar Farje |
Lima, oct. 27 (ANDINA). En dos años y medio unos 35 penales del país ya deben contar con bloqueadores de celulares, lo que reducirá la posibilidad de que se sigan cometiendo extorsiones desde las cárceles, informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Luis Pérez Guadalupe.
Indicó que ya existe una empresa interesada en colocar estos bloqueadores sin costo para el Estado, a cambio de recibir la concesión de la instalación de cabinas telefónicas dentro de los penales, para llamadas de teléfonos fijos.
Dijo que esta modalidad no significa ningún peligro para la seguridad, pues cada interno tendrá un código, y además las llamadas serán monitoreadas, para advertir cualquier acto delictivo.
El proceso está a cargo de Proinversión, y habrá un plazo de 3 meses para que otros operadores puedan ofrecer sus propuestas, y 2 años para instalar los bloqueadores. El factor de competencia es el precio de la llamada.
El contrato incluirá además el mantenimiento de estos aparatos, que representa el 15% del costo total.
En declaraciones al programa Agenda Política, de Canal N, Pérez Guadalupe también informó que por lo menos 6 penales será reubicados, y sus terrenos vendidos al sector privados.
Estos penales son San Jorge, el más avanzando, los dos penales de mujeres de Chorrillos, Quenqoro (Cusco), Lurigancho y Castro Castro.
Indicó que la modalidad puede ser permuta, entregar el terreno del penal a cambio de la construcción de otro penal en las afueras de Lima, más moderno, seguro y de mayor capacidad, o directamente la venta del terreno por parte del Estado, como lo recomienda Proinversión.
Señaló que los terrenos de estos penales tienen un gran valor inmobiliario, porque están ubicados en el centro de la ciudad.
Directores
De otro lado, Pérez Guadalupe informó que se está coordinando con el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, la manera de darle más seguridad a los directores de penales, para evitar asesinatos como el director del penal El Milagro, de Trujillo, Jorge Izquierdo.
Aclaró que la víctima sí contaba con seguridad interna y además portaba arma de fuego, pero que no había solicitado seguridad externa a la Policía.
Señaló que el anterior director sí contaba con seguridad de la Policía.
De otro lado, el titular del Inpe informó que proceso contra el agente penitenciario que supuestamente gravó a Fujimori en una clínica local sigue su curso, y que hay que esperar que termine para imponer la sanción que corresponda.
Enfatizó que esto es una acción individual de dicho agente que no implica para nada ni al Inpe, ni al Ministerio de Justicia.
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