El bloque suramericano da espaldarazo a Nicolás Maduro al rechazar cualquier tentativa de romper el orden constitucional en el país pero se pronuncia a favor del diálogo gobierno-oposición.
UNASUR adoptó este mes una resolución en Santiago de Chile para “acompañar, apoyar y asesorar” el diálogo político en Venezuela.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) declaró en un comunicado que los cancilleres del bloque que visitaron Venezuela detectaron un firme rechazo de todos los sectores del país a los actos de violencia, y de condena “a cualquier tentativa de ruptura del orden democrático”.
El comunicado precisa que los días 25 y 26 de marzo, tuvo lugar en Caracas la primera reunión de la comisión de cancilleres de UNASUR “con el objetivo de acompañar, apoyar y asesorar un diálogo político amplio y constructivo” en Venezuela.
El bloque suramericano considera que “se debe asumir el compromiso de deponer todas las acciones violentas en Venezuela” y reconoció “la apertura y disposición del Presidente de la República (Nicolás Maduro) de acoger las recomendaciones realizadas”.
También celebró “la voluntad (del presidente venezolano) de acordar un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre todas las partes”, y agradeció al gobierno “por haber facilitado todos los contactos solicitados”.
UNASUR dice haber “registrado la disposición al diálogo de todos los sectores, los cuales manifestaron la necesidad de moderar el lenguaje, generando así un ambiente pacífico que favorezca las conversaciones entre el Gobierno y los distintos actores políticos, económicos y sociales del país”.
El texto de la declaración, difundida este jueves, señala que durante su estancia en Venezuela los cancilleres de UNASUR mantuvieron reuniones con las Comisiones Política y Económica de la Conferencia Nacional de Paz.
En estas, añade, “participaron diputados del partido del gobierno y de partidos de la oposición, y representantes de los sectores productivos y gremios económicos del país”.
También se reunieron, dice, con líderes de partidos políticos del Gran Polo Patriótico (GPP) y la Mesa de Unidad Democrática (MUD), con el Ministerio Publico, el Tribunal Supremo, la Defensoría del Pueblo, el Nuncio Apostólico y representantes de distintos credos religiosos, organizaciones de derechos humanos y líderes estudiantiles.
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