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| Foto:ANDINA/Difusión |
Ica, abr. 28. La Contraloría General de la República (CGR) denunció penalmente a 11 funcionarios y servidores de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por presuntamente haber otorgado de manera ilegal licencia de uso de agua en acuífero Pampa de Lanchas en Ica, se informó hoy.
La CGR detalló que estos funcionarios de la ANA habrían favorecido indebidamente a una empresa en los trámites de autorización para la ejecución de estudios hidrogeológicos y licencia de uso de agua subterránea en dicho acuífero, ubicado en la provincia de Pisco, generando el incremento de la sobreexplotación de agua.
Una comisión auditora detectó que se actuó irregularmente en los procedimientos, al emitirse resoluciones administrativas que infringían varias leyes y reglamentos relacionados al tema de manejo de agua.
Los informes de evaluación de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos concluían que no era factible el otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea para los pozos solicitados por la empresa.
Además, se presentaron documentos que indicaban que ésta última no había cumplido con las resoluciones administrativas que disponían la presentación de documentos obligatorios.
Los funcionarios públicos otorgaron autorización para la licencia de uso de agua subterránea como si se tratara de un procedimiento de regularización que no correspondía.
Para que procediera dicho trámite, la norma vigente requería que el pozo tenga una antigüedad de cinco años, además de haberse perforado y de estar siendo utilizado de manera pública, pacífica y continua, de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos.
Sin embargo, el pozo al cual se le otorgó la licencia en abril de 2011 no cumplía con dicho requisito, pues según información obtenida por la comisión auditora fue perforado en setiembre de 2009.
El pozo en mención se encuentra ubicado en la zona de mayor concentración de sobre explotación, afectando la recuperación, conservación sostenible y protección del acuífero de Pampa de Lanchas.
Cabe señalar, además, que la Asociación de Usuarios de Agua de la localidad impugnó el acto administrativo sobre el otorgamiento de la licencia para su revocatoria.
Pero ni la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, ni la Oficina de Asesoría Jurídica de la ANA analizaron u opinaron sobre su legalidad, emitiendo la ANA una resolución jefatural que declaró infundado el recurso de apelación, quedando firme el otorgamiento de la licencia.
Los hechos evidencian indicios razonables del presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que tiene una pena privativa de libertad no menor de cuatro años, ni mayor de seis, e inhabilitación.
Por tal motivo, la Procuraduría Pública de la Contraloría interpuso la denuncia ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de Ica contra los presuntos responsables.
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