Néstor Roque Solís*
Solo en el Perú se puede dar la formación de sedes regionales teniendo en cuenta la población de una provincia. Este Congreso es uno de los peores de la historia republicana, porque hace el ridículo dando leyes poco sostenibles, con asesores de baja competitividad. ¿Hasta cuándo vamos a estar entrampados por la falta de interpretación clara y precisa del artículo 32 de la Ley de Bases de Regionalización por parte de la representación nacional? El responsable de la controversia por la sede entre las provincias de Cañete y Huaura es el Congreso Nacional.
Los parlamentarios de ahora tienen dos o tres asesores que poco aportan a la función legislativa. En los países asiáticos no existen asesores personales para los parlamentarios. En cambio cuentan con un staff de alto nivel de asesores colegiados para comisiones o el parlamento en su conjunto, siendo más productivos en sus funciones normativas y de fiscalización. En el Perú la función parlamentaria esta devaluada, y por eso la población lo rechaza y cuestiona en forma permanente.
Todo apunta a que Huacho continuará siendo la sede de la región Lima por su cobertura económica, social, política, jurídica y de infraestructura en proceso de construcción, pero la demanda y la confrontación de los huachanos y cañetanos proseguirá, incluso existen candidatos y candidatas asolapados que solo esperan una debilidad jurídica para dar el zarpazo del dragón y pretender llevarse la sede a la ciudad de san Vicente de Cañete.
En la litis judicial, Cañete tiene solamente una bandera jurídica a su favor, ser la provincia que tiene por estos momentos mayor población en la región Lima. Esto no quiere decir que las provincias de Cañete y Yauyos no tengan sus legítimos derechos de desarrollo para sus habitantes, por eso el Gobierno Regional de Lima acaba de constituir la Subregión Lima Sur cuya denominación para el pliego presupuestal es la de Unidad Ejecutora para la Cuenca Cañete – Yauyos con lo cual los habitantes y sus autoridades ya no tienen que movilizarse a Huacho para hacer sus gestiones administrativas y pago de sus trabajadores y proveedores.
Las ventajas comparativas que tiene la provincia de Huaura, no nos hace mirar por encima del hombro a una provincia hermana, que también tiene justas aspiraciones para lograr su desarrollo, después de haber sufrido el fatídico terremoto el 15 de agosto 2007, y que las autoridades hasta la fecha no han cumplido con la adecuada atención de sus servicios básicos de vivienda, saneamiento, seguridad y su desarrollo socioeconómico.
La lucha frontal de los huachanos no es contra los cañetanos, sino contra la pobreza, la falta de trabajo, la educación y la exclusión social. El desarrollo de Huacho y la provincia de Huaura no está en los pasillos de la Corte Superior de Cañete ni de Huaura. Nuestro desarrollo está en poner en marcha los proyectos sociales, económicos y de infraestructura pendiente, extirpar la corrupción y poner punto final al desorden en la administración pública del gobierno central y los gobiernos locales.
¿Qué esperamos para iniciar una cruzada prospectiva que tenga como objetivo supremo ubicar a la región Lima y la Nación en el camino del desarrollo? Desafortunadamente, con el APRA en el poder hemos rifado el destino del país por cinco años centralizando cada año el presupuesto de la nación. Menos mal que ya están alistando maletas. Que no vuelvan más los ineficaces y corruptos de cuello y corbata benevolentes con la cuadrilla de responsables de lesa humanidad con decretos leyes de impunidad que nos han querido imponer por estos días.
Si las autoridades realmente aspiran al desarrollo de la provincia y la región, deberían invertir en el capital humano: trabajo, educación, cultura, salud, recreación y deporte. No es posible construir un país de primera categoría para el 2021, sin un plan de fortalecimiento de capacidades y de gestión del talento. Los pocos cursos y seminarios no satisfacen las demandas reales y los participantes acumulan diplomas que no valen más que la cartulina de hilo, porque en los hechos concretos no mejoran ni los niveles de calificación ni las condiciones de vida.
Definitivamente, el Gobierno Regional de Lima debe proseguir con su agenda de formular y desarrollar instrumentos para su modernización con programas de capacitación, liderazgo, emprendimiento, asistencia técnica, microemprendimiento, capital semilla, nivelación de estudios y proyectos de impacto regional que en conjunto constituyen herramientas eficientes para mejorar la calificación del capital humano y el desarrollo por cuencas.
Si no le ponemos más recursos al fortalecimiento de capacidades en todos los niveles de la administración público y privado, se debilita la gobernabilidad. En las provincias y distritos necesitamos un debate de ideas y propuestas, para desarrollar un plan maestro estratégico con visión al Bicentenario del año 2021.Con justa razón nos corresponde una universidad digna, el pago de tributos de la sal, el cumplimiento de una plataforma de lucha por los grandes proyectos educativos y de infraestructura en cada uno de los corredores económicos de los valles costeños y andinos.
En los últimos tres años algunas autoridades que han fracasado en su función normativa y de fiscalización han hecho de la política su agenda preferida por la sede de región y la conquista de cuatro curules. ¿No tienen otro punto en la agenda social y política? ¿Qué alternativa le llevamos al pueblo de Cañete, destruido y golpeado por el terremoto del 2007? ¿Por qué no descentralizar más funciones y recursos a la subsede regional de Cañete Yauyos? ¿Por qué no convertir a las provincias del sur de Lima en verdaderos polos de desarrollo?
Una vez más la mirada de algunas autoridades y sus funcionarios está en las pequeñeces del corto plazo y no en proyectos de impacto provincial y regional como la mancomunidad municipal, corredores económicos en cuencas, modernización agropecuaria, integración, competitividad y proyecto educativo regional que actualmente debe estar en la agenda del debate. Para estos grandes temas no hay tiempo, no hay fondos, no hay vigilia ni movilización mediática de gobernantes y gobernados.
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* Presidente del Instituto de Gobernabilidad IGDC
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