El funcionario de la Presidencia de Ministros, Nilton Oswaldo Sánchez Casas, es apoderado de la empresa minera Chancadora Centauro, cuya actividad exploratoria provocó protestas el pasado 6 de diciembre en todo Ancash, vínculo que le habría permitido obtener con celeridad inusitada el permiso de exploración de oro en la zona aledaña a la Laguna de Conococha, según denunció el presidente regional electo de Ancash, César Álvarez.
“El apoderado legal de la minera Chancadora Centauro, Oswaldo Nilton Sánchez Casas, es asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Energía y Minas. Este señor tiene un conflicto de interés porque la PCM es la entidad que dialoga con la población de Ancash y porque gracias a este cargo ha logrado obtener rápidamente los permisos de concesión”, sostuvo.
Álvarez acusa a Sánchez Casas de haberse beneficiado por su condición de funcionario del Gobierno en la obtención del denuncio y la concesión minera: “Fueron a hacer un denuncio de 10 hectáreas y terminaron con 800 hectáreas. Debe investigarse a esta empresa desde sus primeras acciones”, dijo.
Efectivamente, Sánchez Casas aparece en los registros de la SUNAT como representante legal de la cuestionada empresa. Asimismo, el portal de Transparencia de la PCM incluye a este personaje como un trabajador bajo el régimen de CAS, es decir, que brinda servicios profesionales.
Al consultar a la oficina de prensa de PCM, solo confirmaron que se trata de un servidor de esa institución pública, aunque no precisaron su función. No me pronunciaron sobre el presunto conflicto de interés.
Sin embargo, un vocero del Ministerio de Energía y Minas informó que Sánchez Casas no trabaja en ese sector.
Permiso en 8 días
Según explicó Álvarez, Chancadora Centauro presentó el 18 de octubre su estudio de impacto ambiental, y ocho días después obtuvo el permiso para la exploración aurífera en aplicación de la Ley de Silencio Administrativo Positivo, procedimiento irregular porque los permisos de exploración minera están exceptuados de aplicarse a ese procedimiento administrativo, según la Ley General del Ambiente.
“Formalmente un trámite de impacto ambiental dura 210 días, según el TUPA del Ministerio de Energía y Minas, y puede durar hasta dos años, pero la minera Centauro la obtuvo en 8 días” dijo.
Pero, además, el presidente regional electo de Ancash denunció que la actividad minera de Chancadora Centauro vulneró otros requisitos legales exigidos para la exploración: “Sus denuncios mineros están sobre ruinas arqueológicas y, sin embargo, no tiene permiso del Instituto Nacional de Cultura, además no tienen permiso de la Autoridad del Agua y están a 300 metros de la laguna que abastece de agua a prácticamente toda la región”, agregó.
Álvarez demandó al Gobierno explicar la relación del funcionario y aclarar por qué se le otorgó con tanta rapidez la concesión a esa empresa.
Cabe precisar que el Ministerio de Energía y Minas explicó que el permiso de exploración que obtuvo Chancadora Centauro SAC no incluye la aprobación de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sino una Declaración jurada de Impacto Ambiental (DIA), la cual se tramita en plazos cortos.
Fuente: Diario16
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