Estado peruano anunció que el Ministerio Público investigará todas las denuncias de violaciones de los derechos de las mujeres durante régimen fujimorista.
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| Las esterilizaciones forzadas realizadas bajo el fujimorismo no quedarían impune. |
El procurador supranacional del Ministerio de Justicia, Luis Salgado, informó ayer a la Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH) en Washington que la Fiscalía de la Nación reabrirá las investigaciones sobre las esterilizaciones forzadas realizadas en ejecución de una política del gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
El anuncio fue realizado durante el 143º período de sesiones del organismo panamericano, que comenzaron el pasado 19 de octubre y se extenderán hasta el 4 de noviembre.
En esta cita, en la que también participó la defensa de María Mamérita Mestanza Chávez, a cargo del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que denunció el caso en 1999.
Mestanza, una de las miles de mujeres que fue víctima de estos actos, falleció tres días después de habérsele practicado la esterilización.
La reapertura de los casos es posible gracias a una resolución de la Fiscalía, emitida el 21 de octubre, tras haber reconocido que las esterilizaciones forzadas constituyen delitos de lesa humanidad.
El Estado informó además que el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, amplió la competencia de la investigación, encargada a la Fiscalía Supraprovincial Penal, para poder incluir todos los casos de estas prácticas que pusieron en riesgo las vidas de muchas mujeres.
DEMUS Y MANUELA RAMOS
Organismos defensores de los derechos fundamentales de las mujeres, como el Movimiento Manuela Ramos y Demus saludaron la decisión del estado peruano de investigar los casos de esterilizaciones forzadas durante el régimen Fujimorista.
Ambas instituciones respaldaron las investigaciones del Ministerio Público que puedan determinar quiénes fueron los responsables penales y políticos de las esterlizaciones, para que reciban las sanciones que correspondan.
Al respecto, la directora de Manuela Ramos, Jennie Dador, calificó la decisión de la Fiscalía de la Nación como “una medida extraordinariamente justa”, y que ofrece a las mujeres víctimas de esa política “la posibilidad de acceder a la justicia”.
Dador sostuvo que la reapertura de las investigaciones va a dejar un mensaje claro a la sociedad peruana, que aún se puede hacer justicia.
Por su parte, la directora de Demus, Janet Llaja, saludó “la gran noticia que esperábamos hace tiempo” y recordó que las indagaciones realizadas por la justicia peruana entre 2003 y 2009 “fueron poco adecuadas y muy mal llevadas”.
AGUINAGA AL BANQUILLO
Llaja y Dador coincidieron en señalar que deben ser comprendidos en el proceso los exministros Fujimoristas Fernando John Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, este último actualmente es congresista de Fuerza 2011, además de otros funcionarios, para determinar las responsabilidades penales y políticas de los implicados.
Ambas señalaron que las esterilizaciones forzadas, realizadas por el gobierno de Fujimori como parte de una supuesta estrategia de planificación familiar y reducción de la pobreza, fueron acciones enmarcadas en una política de aquel régimen.
“Estos no fueron hechos aislados, más bien son indicios de que fue una política impulsada por un supuesto discurso de reducción de la pobreza, cuando por el contrario se violaron los derechos de las mujeres, además de las amenazas”, sentenció Llaja.
Víctor Liza Jaramillo
Redacción
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