Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Foto: ANDINA/Héctor Vinces |
Lima, ene. 31 (ANDINA).
La iniciativa de la Procuraduría Anticorrupción para lograr que los
sentenciados por corrupción paguen las reparaciones civiles que adeudan
al Estado, contribuirá a rebatir la sensación de impunidad en estos
casos, afirmó la Confederación General de Trabajadores del Perú.
Refirió
que los escándalos de corrupción ocurridos durante los últimos años no
han sido sancionados apropiadamente y se requiere revertir esa
situación.
“Aquellas personas involucradas en corrupción deben ser sancionadas y
no darles opción a que ellos tengan un financiamiento, mientras no
hayan pagado sus deudas al Estado”, señaló.
En la víspera, el titular de la Procuraduría Anticorrupción, Julio
Arbizu, anunció que se colocarán en las centrales de riesgo a las
personas sentenciadas por corrupción que recuperaron su libertad y que
se niegan a pagar las reparaciones civiles que adeudan al Estado.
Sifuentes indicó que una de las banderas del Gobierno del presidente
Ollanta Humala Tasso fue la lucha frontal contra la corrupción y en esa
línea –dijo - esos delitos deben castigarse.
“La impunidad no debe pasar más y, en ese sentido, saludo la iniciativa del procurador y esperamos que se cumpla”, aseveró.
Pidió tomar en cuenta que los funcionarios públicos involucrados en
delitos de corrupción en diversos gobiernos, afectaron la caja fiscal
del pueblo peruano.
“Aquellos que han robado al pueblo no han robado a los grandes, sino
a los más pobres, por eso merecen estar en la cárcel y no darles más
credibilidad”, acotó.
Del acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, colocar en las
centrales de riesgo a los sentenciados por corrupción que se niegan a
pagar sus deudas con el Estado, ayudará a recuperar los montos de las
reparaciones civiles fijadas en los juicios por el caso
Fujimori-Montesinos, ascendente a 1,000 millones de nuevos soles.
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