Advierte el Minam
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| ANDINA/archivo |
Lima, mar. 09 (ANDINA).
El viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente, advirtió que la el problema de la minería
ilegal está presente en 21 regiones de la costa, sierra y selva del
país.
"Encontramos
esta actividad en la zona de Carabayllo, en Lima. Tenemos enclaves
mineros con fuerte componente de actividad ilegal en Puno, Madre de
Dios, La Libertad, Piura, Chala, Nasca, Palpa. La situación está
absolutamente descontrolada", refiere.
Indicó que los recientes decretos legislativos emitidos por el Poder
Ejecutivo para erradicar la minería ilegal, buscan atacar un tema de
graves consecuencias económicas que fluctúan entre los 250 millones y
500 millones de dólares en pérdidas anuales, vinculadas a los impuestos
que no se cobran.
Así también, en la valorización del daño que se hace sobre los recursos forestales, la tierra y el agua.
Quijandría
Acosta, refiere que este trabajo está orientado a romper determinados
encadenamientos que existen entre el negocio de la minería ilegal y
otras actividades económicas vinculadas con el lavado de activos y el
narcotráfico.
El funcionario explica que el Estado está
tomando la decisión de intervenir una actividad mediante la cual
personas o empresas extraen un patrimonio de la Nación, cuando no tienen
autorización para hacerlo, o no han hecho los trámites necesarios para
tener derecho al uso de ese patrimonio.
"Todo el que lo haga está ejerciendo actividades de minería ilegal".
Precisa
que el enfoque de la acción de interdicción del Estado será contra
aquellos que no tienen voluntad de formalización, o que desaprovechan
las oportunidades que el Estado ofrece, lo que implica asumir
responsabilidades de gestión ambiental.
En relación con las acciones de apoyo a la población que dejaría esta
actividad, el viceministro sostiene que este compromiso está presente
en la discusión del Ejecutivo y en las medidas que se están previendo.
Asegura
que no está reflejado todavía en los decretos legislativos porque éstos
se orientan a atacar la cara delictiva de la minería ilegal, pero en
paralelo –incluso antes de los decretos–, el Ministerio del Ambiente
apoya a las regiones, por ejemplo, para destrabar proyectos de inversión
pública que se encuentran en el SNIP.
"Se trata de iniciativas productivas, vinculadas a generar alternativas económicas para gente que deje la actividad minera".
Quijandría afirma que si bien hay posibilidades de formalización y de
que ciertos mineros desarrollen la actividad legalmente, otro grupo no
podrá hacerlo porque están en zonas intangibles, naturales, que están
protegidas por el Estado.
Revela que en la zona de
amortiguamiento de la Reserva de Tambopata, hay presencia reciente de
actividad minera ilegal, por lo que será necesario buscar alternativas
de empleo para aquellos que operan en esa zona.
El funcionario
refiere que parte de la actividad minera ilegal en pequeña escala está
asociada a la extracción del oro, pero que los precios actuales hacen
que sea rentable la minería artesanal e ilegal de cobre, como ocurre en
Chala.
Si bien lo que jala el ojo de la opinión pública, es el daño
ambiental que ocasiona la minería ilegal, por lo impresionante que
resulta el desmontaje de bosques, existe un componente muy grande y
negativo, que es el impacto social que tiene, afirma con preocupación
Quijandría.
"Hablamos de zonas donde no hay legislación,
normatividad, ni presencia de la Policía, entonces existen más
posibilidades de prostitución de personas mayores o de menores, trabajo
esclavo o en condiciones de seguridad no adecuadas. Estos males son
permanentes en estas zonas de minería ilegal".
En el caso del
daño a la salud, el tema está vinculado al manejo de sustancias que se
usan en el proceso de amalgama del oro, como el cianuro o mercurio que
son extremadamente tóxicos y generan efectos sobre la salud,
acumulativos y de largo plazo.
"Estas sustancias no matan de golpe, pero degradan progresivamente la salud de las personas", enfatiza.
Con el decreto 1100 se define claramente lo que es minería ilegal,
que es un concepto que abarca a todo aquel que haga uso indebido del
patrimonio del Estado. El trabajo del Estado está orientado a reprimir a
aquellos que no quieren entrar en el proceso de mejora de la gestión
ambiental, de los temas sociales.
El Ministerio del Ambiente tiene firmados convenios de
cooperación y de fortalecimiento de capacidades técnicas con ocho
regiones para trabajar agenda ambiental en general, incluyendo en los
casos que corresponda, el tema minero.
Madre de Dios y Puno, donde el componente de minería ilegal es complejo están presentes.
Con
estos convenios se quiere desarrollar actividades conjuntas que pasan
por fortalecer la capacidad de formulación de propuestas, por ejemplo de
parte de los gobiernos regionales para acceder a recursos públicos o de
la cooperación internacional.
"El apoyo del Minam se orienta,
por ejemplo, a señalar cuáles son los fondos disponibles y en qué forma
habría que presentar una propuesta para acceder a una fuente de
cooperación o a un fondo público, y no solo a la asignación directa y
habitual que viene del Ministerio de Economía. Hay varios instrumentos,
como el Froniprel, que se están promoviendo.
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