La corrupción es también una violación a los derechos humanos, coinciden expertos

IV Conferencia Anticorrupción Internacional 

Lima, set. 26 (ANDINA). El corrupción constituye también una violación a los derechos humanos porque atenta contra la libertad de información y la entrega de servicios adecuados a favor de las mayorías, afirmaron hoy expertos durante la IV Conferencia Anticorrupción Internacional. 

La coordinadora del programa Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Chile, María Luisa Bascur, aseveró que esta lacra no se resume al robo de fondos públicos, sino también es un atentado contra los derechos fundamentales.

“Hay que ver la corrupción desde la perspectiva de cómo afecta a la vida de las personas que son los titulares de derechos y qué tipo de violaciones generan los actos de corrupción”, expresó.

Destacó que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se realice una discusión intergubernamental sobre el impacto negativo de la corrupción en los derechos humanos, a efectos de crear una relatoría y una convención sobre la materia. 

Por su parte, el exprocurador Iván Montoya, sostuvo que la impunidad quebranta el principio constitucional del "buen gobierno" porque quita las garantías al ciudadano de recibir servicios adecuados en la administración pública. 

"El derecho del buen gobierno no es otra cosa que el derecho que tienen los ciudadanos a que la administración pública actúe siempre y en todo contexto sobre el interés general y no particular, que brinde buenos y adecuados servicios", expresó.

A su juicio, la lucha contra este flagelo no pasa sólo por la implementación de políticas públicas sino por el fortalecimiento del sistema anticorrupción, lo que requiere una coordinación más efectiva entre las entidades públicas encargadas de administrar justicia.

A su turno, el presidente del Tribunal de Sanciones Administrativas de la Contraloría, Anibal Quiroga, dijo que la corrupción también lesiona el derecho a un "debido proceso" y a la igualdad creando inseguridad jurídica porque en muchos casos no prima el bienestar de las mayorías, sino el poder del dinero.

Refirió que esta situación genera desconfianza en la ciudadanía y que muchas instituciones públicas sean percibidas como nichos de corrupción. 

En su opinión, el Estado debe pasar del discurso a los hechos para dar señales claras de cambio, porque a pesar de los compromisos asumidos aun operan redes de corrupción en organismos que administran justicia y el poder político pretende dominar instituciones como el Tribunal Constitucional.