Lima, set. 24 (ANDINA). La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía de la Nación investigar al congresista Michel Urtecho y a su cónyuge, Claudia Gonzáles Valdivia, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible, peculado y enriquecimiento ilícito.
El procurador adjunto Cristian Salas dijo que estos delitos se habrían cometido al haber presuntamente recortado los sueldos de trabajadores del despacho parlamentario de Urtecho; en la gestión de donaciones de sillas de ruedas a discapacitados; y en el excesivo gasto realizado por este legislador en temas logísticos, viajes y viáticos.
"No estamos ante una inconducta ética, sino ante hechos que constituirían delitos de corrupción graves, según los indicios expuestos públicamente", aseguró Salas a través de una nota de prensa difundida por la Procuraduría Anticorrupción.
Según Salas, el recorte de sueldos se habría realizado desde el año 2006, cuando Urtecho fue electo por primera vez en el Parlamento.
Indicó que el legislador "se habría interesado indebidamente" para promover la contratación de personas de su entorno como técnicos, coordinadores y asesores de su despacho, "con la finalidad de obtener un provecho económico, a través del descuento de un porcentaje de sus remuneraciones para sí".
Esta acción, indica la nota de prensa, fue "materializada en complicidad con su cónyuge Claudia Vanessa Gonzáles Valdivia", quien habría retenido las tarjetas de débito de los empleados para retirar y apropiarse de parte de sus sueldos y sus liquidaciones
En el caso de las donaciones de sillas de ruedas, dijo que el legislador no logró sustentar adecuadamente el destino de 621 sillas aproximadamente.
Un tercer hecho está referido a que el Congresista Urtecho y su cónyuge Claudia Gonzales serían propietarios de un edificio de cinco pisos ubicado en la zona de El Golf, Trujillo, valorizado en US$ 1´350,000.
"Son por estas consideraciones que la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista, las declaraciones de los denunciantes, recabar información oficial del Congreso, de la Contraloría, la Sunarp, Sunat, Infocorp, entidades bancarias, registros de llamadas, entre otra veintena de diligencias", señala la nota.
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