Secretario del Acuerdo Nacional coincide con
Ejecutivo que debe beneficiar a todas las regiones
Lima, nov. 24 (ANDINA). El secretario ejecutivo del
Acuerdo Nacional, Javier Iguíñiz, consideró hoy como “elemental” plantear una
mejor distribución del canon minero al interior del país, para vincularlo a
proyectos de desarrollo.
El presidente Ollanta Humala Tasso, anunció recientemente que el
Ejecutivo presentará al Congreso de la República, una iniciativa para mejorar
el canon minero con el fin de que las regiones y municipios lo
utilicen de manera eficiente.
“Creo que el reclamo del gobierno actual de distribuir mejor entre
las regiones los recursos del canon me parece elemental”, declaró Iguíñiz
a Andina.
Indicó que el canon minero debe estar vinculado a proyectos de
desarrollo, y sobre los cuales la población debe tener la seguridad que
corresponden a un plan de desarrollo nacional y que recibirán apoyo del
gobierno central para su cumplimiento.
Asimismo, señaló que la minería debe verse en su impacto por el país y
en las poblaciones que se encuentran alrededor de los proyectos en relación a
los beneficios que perciben para superar su pobreza.
“El presidente Ollanta Humala ya ha dicho que el canon tiene que ser en
beneficio para todo el país”, subrayó.
Refirió que lograr mayores beneficios de la minería para la población
del interior del país se logrará como producto de una negociación, porque
hay gobiernos regionales con bastantes recursos del canon, y otros con pocos
ingresos.
En los últimos 10 años, las regiones del Perú recibieron por concepto de
canon minero 19 mil 702 millones 963,565 soles, a excepción de Loreto, Ucayali
y Tumbes, según el reporte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE).
En el 2010, la región Ancash percibió 782 millones 241,866 soles, en
contraste con la región Piura, que recibió 19,851 soles.
El Foro del Acuerdo Nacional, es un espacio de diálogo donde participan
el Gobierno, los partidos políticos con representación en el Congreso y
organizaciones representativas civiles, para realizar el seguimiento a las
políticas de Estado del Acuerdo Nacional, establecidas en 2002.
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