- Señal de alerta
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| Herbert Mujica Rojas |
¿No dice la
Constitución que todos somos iguales ante la ley? Si el aserto es imbatible
entonces ¿por causa de qué hay algunos que son “más iguales que otros”? La
antinomia no puede ser más evidente y discriminadora.
Los delincuentes
aman el antejuicio e investigación preliminar por la simple razón que ellos son
los que roban en grande, esos de cuello y corbata, los encumbrados en el poder:
presidente, congresista, ministro, vocales supremos, fiscales supremos, etc.,
son los que inventaron el antejuicio y la investigación preliminar (en normas
jurídicas) para que allí se decida si se les procesa o no por sus fechorías.
Incluso el Antejuicio tiene rango constitucional (Art. 100°, C.Política).
Supongamos tan
solo que la Comisión presidida por el parlamentario Sergio Tejada exigiera el
acta de las sesiones del consejo de ministros durante la época en que se aprobó
el tema de los colegios emblemáticos y ratificara el descubrimiento que el
Estadio Nacional fue contrabandeado en una Fe de Erratas y con la anuencia
picaresca del entonces mandatario Alan García Pérez. ¿Bastaría aquello para el
enjuiciamiento penal del voluminoso ex presidente? No es así, el Congreso
tendría que plantear el antejuicio y demorarse, como suele ser costumbre en
estas dinámicas en que el conchabo y toma y daca son tradicionales, todo el
tiempo posible como para, por ejemplo, pavimentar que algún sinverguenza
lanzara su cuarta postulación a Palacio.
El antejuicio y la
investigación preliminar son inventos para el cubileteo, el cabildeo clientelar
(lobby) y la prebenda tratando de evitar el procesamiento o echando para las
calendas griegas cualquier pase a la justicia ordinaria, es decir, el traslado
del caso hacia el Poder Judicial.
En términos del
pobrísimo castellano político que se practica en Perú, el antejuicio y la
investigación preliminar constituyen el vulgar blindaje de que se sirven los
cacos que contratan con dinero de los contribuyentes a conocidos estudios
abogadiles que prevén controles de daños y cómo manejar cualquier naturaleza de
acusaciones. Se necesita, ciertamente, de bobos en el Congreso, cómplices en el
mismo recinto y desvergonzados en la prensa para que no acusen, remuevan el
pasado inmediato o noticien de los malos olores que expiden licitaciones sin
concurso, a sola firma de ministros y sobreprecios escandalosos.
Por tanto la tesis
popular que la “política” es sucia, encuentra un asidero más bien sólido en
esta clase de prácticas.
El antejuicio y la
investigación preliminar pueden enterrar Congresos, parlamentarios y buenas
intenciones moralizadoras en cualquier régimen. ¿No recordamos, acaso, la
famosa prescripción de que fue alegre recipendiario Alan García Pérez por los
descarados desbalances terminado su desgobierno en 1990? ¡Nunca fue juzgado ni
escudriñado exhaustivamente aquél! Y la prescripción, como la campana en el
boxeo, lo salvó de ir al lugar natural que le correspondía.
En cambio, el que
roba una gallina o cualquier vacuno, es decir, el ladronzuelo al detalle, al
día siguiente puede ser encarcelado sin antejuicio, ni investigación
preliminar. Y el abuso se consuma, aún más, por la detestable realidad que los
cacos de poca monta no tienen acceso a los medios de comunicación, la sociedad
los mira con asco, critica su vestimenta, deplora su color y los ningunea a su
gusto. Todo lo cual no ocurre con los togados, encorbatados u “hombres de
Estado”.
¡Discriminación
legal aún entre delincuentes! ¿Y el principio constitucional de igualdad ante
la ley?
Por eso que los
delincuentes aman el antejuicio y la investigación preliminar. Si la Comisión
de Sergio Tejada recuperara la visión de horizonte y calibrara el reto que la
historia le ha puesto, debiera promover que el Congreso elimine el antejuicio y
la investigación preliminar.
Y las cárceles se
verán halagadas por la variopinta y multipartidaria credencial de sus futuros
huéspedes
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