Pacto contra la criminalidad dará impulso a lucha contra la inseguridad, aseguran

• Proponen que jefe del Gabinete acuda cada 60 días al Congreso a informar sobre avances en el tema

ANDINA/Norman Córdova 

Lima, abr. 12 (ANDINA). El pacto contra la criminalidad entre todos los poderes del Estado planteado hoy por el presidente del Consejo de Ministros en el Congreso le dará un impulso significativo a la lucha contra la inseguridad, aseguró el presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Parlamento, José León. 

En ese sentido, calificó este llamado como un mensaje de fortalecimiento y recuperación de la confianza frente a la inseguridad en las calles, el problema que mayor preocupa a la población y que podría afectar el crecimiento económico del país. 

A este pacto deberían sumarse también los gremios empresariales, los líderes de los principales partidos políticos y los expresidentes que tienen una experiencia frente a este tema, indicó. 

“El crecimiento económico corre peligro, el vandalismo y los antimineros han hecho retroceder las inversiones mineras y en construcción se tiene que destinar el 2 por ciento de su presupuesto para el pago de cupos, hay una demanda de estos sectores por invertir en seguridad”, refirió. 

León consideró que este pacto debería expresarse en una política nacional, con una línea de base clara y consensuada que permita medir los avances en esta materia, de lo contrario quedaría solo en buenas intensiones. 

Para medir esos logros planteó que el presidente del Consejo de Ministros acuda cada 60 días a la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y a la Comisión de Defensa del Congreso, a fin de informar sobre los avances obtenidos. 

Reconoció que hay una buena disposición en el Congreso y en el Poder Ejecutivo para realizar un trabajo conjunto, frente a la criminalidad y la delincuencia. 

Durante su presentación ante el Congreso para responder un pliego interpelatorio, el jefe del Gabinete, Juan Jiménez Mayor, señaló que es imprescindible un pacto entre los poderes del Estado, los gobiernos regionales y locales, para enfrentar el crimen organizado.