Lima, may. 31 (ANDINA). El apoyo legal del Estado a las víctimas de violación a los derechos humanos podría darse sin ningún inconveniente, según el proyecto de Ley que remitió el Consejo de Ministros al Parlamento, relacionado a la modificatoria de la Ley del Servicio de Defensa Pública.
Actualmente, las personas o familiares víctimas de estos casos no cuentan con una asesoría legal gratuita, sino por parte de otros organismos, ajenos al Ejecutivo.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta agosto de 2004 de las 1569 víctimas identificadas, comprendidas en los 59 casos de violaciones de derechos humanos presentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, solo el 28% de ellas (430) cuenta con patrocinio legal, proporcionada en su mayoría, por organismos de derechos humanos.
En otras palabras, 1139 víctimas se encuentran sin abogados defensores.
Al respecto, la presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos y titular de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, elevó a la presidencia del Consejo de Ministros un proyecto que modifica el artículo 8 de la Ley del Servicio de Defensa Pública.
La modificación añade que además de brindar asesoría y patrocinio legal a las víctimas de violencia familiar, violencia sexual, abandono moral y material, a favor de los niños, niñas, adolescentes, ancianos y ancianas que resulten agraviados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, también se incluya a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, a los familiares de estas que se encuentren comprendidos como agraviados en una investigación o proceso penal sobre delitos que configuren graves violaciones a los derechos humanos.
Según el proyecto Ley 04862, el encargado de llevar la defensa de estos casos es la Dirección General de Defensa Pública, a través de los consultorios jurídicos gratuitos, el cual brindará asesoría y patrocinio legal a las víctimas de los casos graves de derechos humanos.
El proyecto normativo, que fuera aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido elevado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.
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