Madrid, feb. 09 (ANDINA).
El juez Baltasar Garzón fue condenado hoy a 11 años de inhabilitación
por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, que lo halló
culpable de autorizar la intervención de las comunicaciones que
mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus
abogados.
El
fallo fue aprobado por unanimidad y le fue comunicado personalmente al
aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien se
desplazó este jueves a la sede del Tribunal Supremo.
La
acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa
al empresario vinculado a la trama, José Luis Ulibarri, reclamaba entre
10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su
derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
Tras
conocer la sentencia, Garzón abandonó el alto tribunal con semblante
serio y sin realizar declaraciones, informó Europa Press, según recoge
Télam.
Se trata de la primera causa por la que
el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los
acusados por cometer un supuesto delito de prevaricato y otro de uso de
artificios de escucha y grabación con violación de las garantías
constitucionales.
Este miércoles quedó para
sentencia el segundo juicio celebrado contra Garzón en el Tribunal
Supremo, por otro presunto delito de prevaricato cometido al investigar
los crímenes franquistas siendo que, supuestamente según la acusación,
carecía de competencia para ello.
Durante el
juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su
inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa
de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones,
que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta
legalidad".
Los fiscales Pilar Fernández
Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la
absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía
evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales.
Asimismo
alegaron que "en casos ajenos al terrorismo", como el de la joven Marta
del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo
Vioque, también se ordenó la pinchadura de las entrevistas entre presos y
abogados.
Garzón, suspendido cautelarmente en
sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos también otra acusación
de prevaricato en su contra otros procedimientos en su contra por
supuesto cobro del Banco del Santander y otras entidades por organizar
unos cursos en la Universidad de Nueva York.
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