CNM convoca concurso para magistrados especializados en corrupción

• Así como en lavado de activos, pérdida de dominio y criminalidad organizada

Foto: ANDINA 

12:55. Lima, oct. 08. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a dos concursos públicos para nombrar a un total de 337 magistrados, entre jueces y fiscales, especializados en corrupción de funcionarios, lavado de activos y pérdida de dominio, así como en criminalidad organizada. 

Estos magistrados ejercerán funciones en 19 departamentos del país con altos índices de inseguridad ciudadana, informó el referido organismo.

La Convocatoria N° 008-2014-SN/CNM está orientada a seleccionar a los mejores profesionales del derecho a fin de que cubran 319 plazas de jueces especializados, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales en las mencionadas materias.

Las vacantes están distribuidas en distritos judiciales de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. Igualmente hay plazas con jurisdicción nacional.

En el caso de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, los postulantes que acrediten conocimientos del idioma quechua recibirán una bonificación de cinco por ciento sobre el promedio final, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento de concursos. En Puno, además del quechua, se considerará el aymara.

Por su parte, la Convocatoria N° 009-2014-SN/CNM busca cubrir 14 plazas de jueces superiores en los Distritos Judiciales de Lima Este, Norte, Sur y Nor Oeste, así como una vacante de fiscal superior en Arequipa, una en Lima y dos con jurisdicción nacional. 

La inscripción de postulantes se realizará hasta el próximo 14 de octubre y el examen de conocimientos está previsto para el 19 de octubre.

El CNM, presidido por Pablo Talavera, lleva adelante estas convocatorias atendiendo a las plazas creadas por el Poder Judicial y el Ministerio Público, en el contexto de la política de Estado referida a la lucha contra la criminalidad organizada.