Ordenan prisión preventiva para dos candidatos por incitar a la violencia

• Incidentes se registraron en Ricrán, provincia de Jauja, en Junín

Foto: ANDINA/Pedro Tinoco 

Huancayo. , oct. 09. La jueza Milena Anaya, del Segundo Juzgado Penal de Jauja, dictó una orden de prisión preventiva de nueve meses contra dos candidatos a la alcaldía del distrito de Ricrán, en la provincia de Jauja, región Junín, por instigar a la población a cometer actos de violencia. 

Los candidatos que fueron detenidos el día lunes por instigar a la población a quemar el material electoral el día de los comicios son: Rivelino Ronald Aylas Ciriaco, del movimiento regional Junín Emprendedores; y Hans Cristian Rojas Gastelú, del movimiento regional Junín Sostenible.

La medida se dictó anoche después de una larga audiencia y de inmediato fueron trasladados a Huancayo para ser internados en el penal de Huamancaca.

Los inculpados fueron denunciados por el titular de la Fiscalía Mixta de la provincia de Jauja, Roberto Rojas Matos, por los presuntos delitos contra la voluntad popular (perturbación), contra la tranquilidad pública (disturbios) y violencia y resistencia a la autoridad.

“El Ministerio Público ha solicitado la detención de acuerdo a las pruebas recabadas, a los elementos que ha encontrado, y sobretodo en base a las declaraciones de las personas que fueron afectadas; sólo cumplimos la ley sin el ánimo de perjudicar a nadie”, manifestó el fiscal de Jauja a la Agencia Andina.

También formuló una invocación a los candidatos y a los ciudadanos para respetar los resultados en próximo procesos electorales.

“Si participamos en un acto democrático debemos aceptar las reglas de juego, al final debemos reconocer los resultados así sean adversos; los cuestionamientos tienen que ser presentados ante los organismos competentes, lo que no se puede hacer es patear el tablero” refirió.

Los detenidos fueron sindicados como los “instigadores” de la revuelta que se produjo la noche el domingo 5 de octubre en el único local de votación donde una turba quemó las copias de las actas de escrutinio de cuatro mesas de sufragio.

También atacó al personal de los organismos electorales a quienes les rebuscaron todas sus pertenencias y causaron daños a la propiedad pública como es la institución educativa.